Najib Razak, ex primer ministro de Malasia condenado por corrupción, ha mantenido que la falta de difusión pública de un presunto decreto real tendría consecuencias directas sobre su situación penitenciaria, alegato que su equipo utilizó como eje central para solicitar un cambio en el cumplimiento de su condena. Sin embargo, la Corte Suprema decidió rechazar esta petición, dictaminando que ninguna modificación de las sentencias puede llevarse a cabo sin la clara intervención de la Junta de Indultos. De acuerdo con Free Malaysia Today, el tribunal desestimó el argumento de la defensa del exmandatario para que se le permitiese completar su condena bajo arresto domiciliario, reiterando que sólo es posible alterar el régimen penitenciario siguiendo el proceso constitucional.
La decisión judicial, encabezada por la jueza Alice Loke, subrayó que únicamente el procedimiento constitucional respalda cambios en las condiciones de las sentencias, según consignó Free Malaysia Today. Loke dejó claro que ni la atribución real de la misericordia puede ser ejercida fuera de los cauces previstos por la Constitución de Malasia. “El ejercicio del poder prerrogativo de la misericordia no es una excepción”, señaló la jueza, según el medio, y recalcó la necesidad de la consulta obligatoria a la Junta de Indultos antes de habilitar cualquier indulto, reducción de pena o régimen especial para reclusos.
Najib Razak permanece en prisión desde agosto de 2022, luego que el máximo tribunal del país ratificó su responsabilidad por lavado de dinero y abuso de poder relacionados con la apropiación indebida de 42 millones de ringgit (9,2 millones de euros) provenientes de SRC International —una filial del fondo estatal 1MDB—, como detalló Free Malaysia Today. El escándalo salió a la luz en 2015, tras revelaciones judiciales y periodísticas que destaparon grandes transferencias a cuentas de altos funcionarios, incluido el propio Najib, hechos que marcaron la política y la justicia malayas en los años siguientes.
Respecto a la estrategia utilizada por la defensa, Free Malaysia Today reportó que el equipo de Najib aseguró la existencia de un decreto real capaz de modificar su situación penitenciaria, afirmando que la ausencia de su publicación constituía una falta administrativa relevante. Además, responsabilizaron al gobierno central por no gestionar adecuadamente las solicitudes de clemencia. No obstante, el tribunal rechazó estas objeciones y dictó que solo la intervención preceptiva de la Junta de Indultos y el respeto al procedimiento constitucional pueden dar lugar a reformas en la aplicación de condenas, según remarcó el medio.
En enero de 2024, la Junta de Indultos aprobó una reducción considerable de la condena de Najib, bajando la pena de doce a seis años y la multa de 210 millones de ringgit (44 millones de euros) a 50 millones de ringgit (algo más de 10 millones de euros). Sin embargo, este ajuste únicamente alteró el tiempo de privación de libertad y el monto de la sanción económica, manteniendo intacto el régimen penitenciario ordinario al que el ex primer ministro sigue sometido, de acuerdo con la información de Free Malaysia Today.
El caso 1MDB, según el medio, tuvo consecuencias tanto judiciales como políticas. Las investigaciones derivaron en sentencias de prisión, imposición de multas y la pérdida de derechos políticos para algunos implicados, además de la obligación de reembolsar los fondos estatales desaparecidos. La dimensión internacional del caso se reflejó en la cobertura sostenida de la prensa global y en la apertura de procesos en otros países, destacando Free Malaysia Today el efecto de las revelaciones de 2015 en la agenda pública de Malasia.
A lo largo de los años, la saga judicial de Najib ha puesto a prueba el alcance de la intervención de la monarquía y el papel del sistema judicial en la gestión de condenas y medidas alternativas, como el arresto domiciliario. La Junta de Indultos continúa siendo el órgano central para tramitar peticiones de gracia o reducciones de pena, en estricto apego a los requisitos de la Carta Magna de Malasia, tal como resaltó Free Malaysia Today.
El ex primer ministro, que ocupó el cargo hasta la derrota electoral de 2018 frente al bloque opositor liderado por Mahathir Mohamad, sigue enfrentando las consecuencias legales y sociales del caso 1MDB. De acuerdo con Free Malaysia Today, su situación resalta los límites existentes para modificar el cumplimiento de sentencias a través de interpretaciones alternativas del privilegio real o de acciones administrativas.
Según informó el medio, las decisiones previas de las distintas instancias judiciales han reafirmado que la prerrogativa real debe someterse a mecanismos institucionales claros y reiteraron la negativa a satisfacer las demandas de Najib en torno al arresto domiciliario. El proceso de Najib Razak ha servido, en términos institucionales, para delimitar el alcance real de los controles constitucionales en el respeto a las normas penitenciarias y a la transparencia en el ejercicio de la gracia real, así como para influir en el debate sobre el acceso a expedientes de clemencia en Malasia.
El sistema penitenciario malayo, a raíz de este caso, continúa bajo observación tanto nacional como internacional. El fallo reciente de la Corte Suprema no solo afecta directamente al ex primer ministro, sino que influye en la percepción pública sobre la aplicabilidad de los procedimientos legales y el respeto a la división de poderes en el país asiático. Según detalló Free Malaysia Today, la resolución refuerza la doctrina de que medidas como el arresto domiciliario deben requerir el cumplimiento estricto de los procedimientos y la intervención de la Junta de Indultos, desalojando la posibilidad de decisiones discrecionales o basadas en supuestos privilegios no documentados.
Mientras Najib Razak cumple la condena revisada y los debates sobre su futuro judicial y político continúan, la atención permanece puesta en la consistencia del sistema de justicia malayo ante cuestiones ligadas al ejercicio del poder real y a la transparencia en la administración penitenciaria, como consignó Free Malaysia Today. La Junta de Indultos mantiene la potestad de determinar reducciones o modificaciones de penas conforme al marco constitucional, elemento clave de las recientes resoluciones en torno al caso del exmandatario.
La corte suprema del país asiático confirmó que ninguna autoridad puede modificar sentencias sin la intervención de la Junta de Indultos, rechazando así la solicitud del exmandatario para abandonar el penal y cumplir su condena en su vivienda