El Departamento del Tesoro de Estados Unidos precisó que las redes responsables de estafas cibernéticas en el sudeste asiático no solo obtienen fondos a través de fraudes virtuales, sino que también emplean mano de obra proveniente de la trata de personas para llevar a cabo estas actividades, consolidando así una estructura delictiva de alcance internacional. En ese contexto, según informó Europa Press, Washington anunció nuevas sanciones económicas y restricciones legales contra cinco personas y tres entidades de Birmania y Tailandia, como reacción a la intensificación de delitos virtuales que han causado al menos 10.000 millones de dólares en pérdidas para ciudadanos estadounidenses en lo que va de 2024.
De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el gobierno estadounidense puso el foco en Birmania, Camboya y Laos, al identificar estos países como epicentro de esquemas fraudulentos orquestados desde la región. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, ubicó entre los sujetos sancionados a cuatro altos mandos del Ejército Democrático Benévolo de los Karen (DKBA), una organización insurgente birmana, así como a la propia agrupación y a dos empresas con sede en Tailandia, además de un ciudadano tailandés señalado como colaborador.
Según información detallada en el comunicado oficial divulgado por la administración estadounidense y recogida por Europa Press, el DKBA y los individuos sancionados habrían facilitado infraestructura y servicios esenciales a centros de fraude cibernético en Birmania. Estos complejos sirvieron como plataforma para implementar esquemas de inversión digital falsos, con el propósito de engañar principalmente a usuarios de Estados Unidos, quienes soportaron pérdidas considerables a raíz de estas operaciones.
Las autoridades estadounidenses justificaron la imposición de sanciones en un contexto de crecimiento continuado de los delitos cibernéticos procedentes del sudeste asiático. De acuerdo con el reporte de Europa Press, las estadísticas gubernamentales recientes muestran un incremento del 66 por ciento en el monto de las pérdidas anuales en comparación con el año previo, lo que impulsó una reacción más contundente contra las redes detrás de estas prácticas ilícitas.
El comunicado también subraya la conexión entre estos fraudes digitales y la trata de personas, así como su relevancia en el financiamiento de actores armados involucrados en el conflicto civil birmano. Desde la perspectiva del gobierno estadounidense, buena parte de los recursos generados en estos esquemas fraudulentos acaba contribuyendo a la prolongación de la violencia en la región, al dotar de fondos y logística a agrupaciones que combaten en la guerra interna de Birmania.
John Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, resaltó en una declaración oficial difundida por las autoridades estadounidenses: “Estas mismas redes trafican con personas y contribuyen a alimentar la brutal guerra civil de Birmania. El Gobierno seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para perseguir a estos ciberdelincuentes, dondequiera que operen, y para proteger a las familias estadounidenses de su explotación”.
La administración estadounidense, según reportó Europa Press, considera que muchas de las víctimas forzadas a trabajar en estos complejos de fraude digital representan casos de trata de personas, cuya explotación financiada alimenta tanto el ciclo criminal como la conflictividad en la región. Dentro de la estrategia oficial, la cooperación con otros países del sudeste asiático resulta esencial para interrumpir las redes transfronterizas que integran elementos de crimen organizado internacional, incluyendo componentes provenientes de China.
El ciudadano tailandés y las dos empresas también objeto de sanción habrían, conforme al Departamento del Tesoro, respaldado tanto al DKBA como a otros grupos armados regionales mediante la provisión de recursos y servicios que facilitaron el funcionamiento de los operativos fraudulentos, según recopiló Europa Press. Autoridades estadounidenses sostienen que esta colaboración entre actores delictivos de distintas nacionalidades ha proyectado la influencia del fraude cibernético a escala regional, favoreciendo la circulación irrestricta de capitales y actividades ilegales.
Las medidas adoptadas por Estados Unidos incluyen el congelamiento de cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense perteneciente a los individuos y entidades señalados, además del veto a toda vinculación comercial con estos sujetos. Estas disposiciones buscan restringir la capacidad operativa y financiera de las organizaciones implicadas y suprimir el flujo de ingresos utilizado para sostener tanto el fraude virtual como el tráfico de personas y la violencia en el sudeste asiático, reportó Europa Press en su cobertura.
La estrategia integral articulada por Washington responde a una escalada en la complejidad y alcance de los delitos cibernéticos en la región, que afectan tanto a ciudadanos estadounidenses como a víctimas extranjeras de explotación. El mismo comunicado del Tesoro remarca que la economía ilegal generada mediante estos esquemas mantiene conexiones internacionales, complicando la labor de contención y persecución de los responsables.
Los mecanismos de la OFAC permiten al gobierno estadounidense fijar como objetivo tanto a los ejecutores directos de actividades delictivas como a las estructuras corporativas y económicas que sostienen esas acciones. Según detalló Europa Press, la apuesta de Estados Unidos es dificultar el funcionamiento de estas redes transnacionales a través de sanciones y otras restricciones financieras, reforzando los controles y la cooperación con aliados en la región.
Europa Press puntualizó que la inclusión prioritaria del sudeste asiático en las políticas estadounidenses se vincula con la aparición de conexiones cada vez más sofisticadas entre delitos digitales, explotación laboral y conflictos armados, lo que transforma a la región en un foco de atención para los organismos de seguridad internacionales. El comunicado distribuido por las autoridades norteamericanas insistió en la determinación de Washington de emplear todos los instrumentos diplomáticos, legales y financieros a su alcance para perseguir a quienes resulten responsables, desalentar la explotación de ciudadanos estadounidenses y limitar el fortalecimiento de estructuras criminales transfronterizas.
Washington intensifica acciones contra estructuras criminales en Asia, congelando bienes y vetando vínculos comerciales con individuos y organizaciones acusadas de fraude en línea, lo que responde al auge de delitos sofisticados que hieren a estadounidenses y alimentan conflictos regionales