La crisis humanitaria que golpea a Catatumbo dejó en evidencia vulnerabilidad de la población civil ante la violencia armada. La defensora del Pueblo, Iris Marín, entregó en la noche del lunes 5 de enero de 2026 un preocupante balance sobre el impacto de las confrontaciones entre hombres del Ejército de Liberación Nacional y el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarca, que han causado especial temor entre la población civil.
Más de 130 familias, lo que supone cerca de 300 personas, reciben asistencia en Cúcuta tras huir de los combates que se han registrado en los municipios de Tibú y El Tarra. Aunque tanto la Defensoría como la Personería de Cúcuta lideran la atención en la capital nortesantandereana, los confinamientos siguen marcando el pulso de una región atrapada en el cruce de balas entre dos organizaciones que, incluso en Navidad, no cesaron en su accionar delictivo.
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“Estos grupos familiares que han llegado a la ciudad en los últimos días, provienen de zonas rurales de Mineiro y Pacelli, en Tibú, así como de Filogringo, en El Tarra, donde persisten los enfrentamientos entre el ELN y el disidente frente 33”, explicó Marín en su pronunciamiento, en el que hizo un urgente llamado a los actores armados para que cesen sus hostilidades y dejen a la población civil fuera del conflicto q e pone en riesgo la integridad de estas zonas.
Continúan los enfrentamientos en el Catatumbo, que empezaron en plena Navidad
Durante el último periodo navideño, se registraron fuertes enfrentamientos que forzaron el desplazamiento de, al menos, 250 personas en zonas rurales. La violencia no solo se limitó a desplazamientos, pues el 28 de diciembre un ataque a trabajadores de un campo petrolero provocó un derrame de crudo en la zona, lo que desató una emergencia ambiental y social en el sector conocido como la vereda Palmera Kilómetro 16, que comunica al municipio de Tibú.
Los hechos violentos aumentaron en la víspera del fin de 2025 y llegada de 2026. El pasado 31 de diciembre se produjo una incursión de las disidencias en el corregimiento El Tarra, lo que provocó pánico entre la población durante las festividades de fin de año, según información de la Defensoría del Pueblo, que reportó que durante el año que culminó más de 92.000 se vieron limitadas en su movilidad y agravaron la crisis que se registra en esta zona del territorio.
El inicio de 2026 tampoco representó una tregua para la región. Los reportes de las autoridades humanitarias señalan que los primeros días estuvieron marcados por nuevos enfrentamientos armados en las zonas rurales de Tibú y El Tarra; y junto con los desplazamientos, surgió una situación de confinamiento: ya que decenas de familias han permanecido aisladas en sus veredas debido al riesgo de minas antipersonal y al fuego cruzado entre estos grupos.
Si bien existe un despliegue militar en Catatumbo, la Defensoría del Pueblo ha advertido en múltiples ocasiones que la falta de gobernabilidad sigue facilitando el control ilegal en amplias zonas. Por ello, desde ese organismo han reiterado su posición. “Desde la Defensoría del Pueblo los estamos acompañando y haciendo seguimiento para que se cumpla la ruta de atención a las víctimas”, precisó Marín frente a lo que está sucediendo en el Catatumbo.
Por el momento, frente a lo expresado por la Defensora del Pueblo, no se ha conocido un pronunciamiento del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, como tampoco del presidente de la República, Gustavo Petro: que está enfocado en lo que está sucediendo en Venezuela, tras la captura del dictador Nicolás Maduro; pero no con lo que acontece en zona de la frontera, del lado colombiano, en donde el ELN y las disidencias tienen atemorizada a la población.
La titular de la entidad, Iris Marín, hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que cesen las hostilidades en esta zona del país y dejen a la población civil fuera del conflicto, que se ha extendido por varios días